Los ugandeses se resistieron, salieron a la calle, se manifestaron e, incluso, se produjeron enfrentamientos a cuenta de la que se conoció como “tasa de las redes sociales” que gravaba el uso de casi sesenta servicios de los calificados OTT (over-the-top), desde medios sociales, hasta plataformas de streaming pasando por aplicaciones de mensajería instantánea. La firmeza de las posiciones de unos y otros demostraba que lo que estaba en juego era más que una tasa. El propio presidente, Yoweri Museveni, se encargó de fijar la postura del gobierno: “El uso de los medios sociales es definitivamente un artículo de lujo. Usar Internet para acceder a los medios sociales para chatear, entretenerse, alimentar comportamientos maliciosos, provocar la subversión, o incitar al asesinato, es definitivamente un lujo”. Para la oposición política y social se trataba de una atropello a los derechos fundamentales, una estrategia del presidente para amordazar el acceso a la información y con él la capacidad de la ciudadanía para contestar sus derivas antidemocráticas. Por ello, el líder más popular de la oposición, Bobi Wine, se puso al frente de las marchas contra el impuesto.
Ahora, con dos años de perspectiva y el rumor de una reforma de la tasa, Pollicy, una organización ugandesa que trabaja en las tecnológicas cívicas, los datos para el bien común y la mejora de la gobernanza desde la innovación, ha querido arrojar un poco más de luz sobre el impacto de la medida con una investigación que han titulado Un disparo en la oscuridad. “El informe es la continuación de un estudio anterior que realizamos seis meses después de la entrada en vigor del impuesto. Queríamos examinar cómo la tasa sigue repercutiendo en aspectos sociales, económicos y culturales de la vida cotidiana en Uganda”, explica Neema Iyer, la directora de Pollicy. La tecnóloga recuerda que la irrupción de la pandemia ha dejado en suspenso muchas cosas, pero que “a principios de 2020, la agencia tributaria ugandesa (URA, por sus siglas en inglés) propuso un cambio de política para gravar directamente el uso de Internet, en lugar de la tasa a las redes sociales, básicamente porque el sistema actual no generaba las recaudaciones previstas”.
Las autoridades esgrimieron, fundamentalmente, dos argumentos para sustentar su medida. El primero era detener los usos socialmente perjudiciales de las redes sociales, lo que el Museveni consideró el lugambo, que en lengua lugwere hace referencia al cotilleo. El segundo de los argumentos era puramente recaudatorio, la tasa serviría para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales y remotas. “Los datos presupuestarios muestran que las proyecciones de ingresos no se cumplieron”, señala Iyer desmontando uno de los pilares de la tasa.
El informe de Pollicy refleja que las autoridades apenas recaudaron con el impuesto un 15% de lo previsto en 2019, 46.300 millones de chelines ugandeses (algo más de once millones de euros) de los 322.000 millones (casi 77 millones de euros) que esperaban. Y la estimación para 2020 no es mucho mejor. Respecto al segundo argumento, Iyer comenta: “Podríamos medir los chismes que se difunden en Uganda, pero la realidad es que la desinformación prolifera en todo el mundo”. Así que desde su experiencia y los datos del informe, la directora de Pollicy adelanta una conclusión: “El impuesto afecta principalmente a las personas que ya estaban económicamente desfavorecidas y amplía aún más la brecha digital”.
Para elaborar el estudio, la organización se ha acercado a usuarios de Internet de diferentes zonas del país con el objetivo de determinar el impacto en sus vidas cotidianas y en la actividad económica. La realización del primer estudio a los seis meses de la entrada en vigor de la tasa, permite además un análisis con una cierta perspectiva y muestra comportamientos curiosos. Por ejemplo, el hecho de que en un primer momento, las y los ugandeses buscaron la manera de esquivar el impuesto e incorporaron en su vida diaria elementos que para la mayor parte de los usuarios de Internet son excepcionales. En aquella primera investigación se ponía de manifiesto que “solo” el 56% de los usuarios estaban pagando la tasa y, entre los que no lo hacían, un 38% utilizaban de manera habitual VPN, un sistema que permite ocultar o falsear el lugar desde el que se está produciendo la conexión.
El uso de VPN ha sido en unos casos una forma de contestación a la tasa y en otras, simplemente, una necesidad. Pero sobre todo ha sido una reacción inmediata. El actual informe “ha descubierto que los encuestados están pagando cada vez más el impuesto”, comenta Iyer. “Seguramente esto se debe”, continúa, “a que los usuarios vieron que las VPN consumían grandes cantidades de datos y de batería del teléfono. Lo que ha llevado a volver a pagar la tasa en lugar de utilizar las VPN”. Para que este sistema fuese una solución duradera “se necesitarían aplicaciones VPN mejoradas que consuman menos datos y batería”, concluye la tecnóloga.
Otras investigaciones desvelaban que algunos jóvenes habían cambiado sus hábitos de consumo y habían sacrificado comidas, bebidas o medios de transporte convenientes para poder pagar la tasa de las redes sociales. "Nos encantaría estar conectados en todo momento, pero tiene un coste añadido y es alto, así que nos conectamos puntualmente porque tememos que si no el coste aumentará, pienso que los 2000 chelines que tenía reservados para comprar datos, los pagaré por la tasa. Decido guardarlo y usarlo para otras cosas y cuando tengo algo urgente que hacer on line entonces me conecto", explicaba uno de los participantes en el estudio de Pollicy.
De esta manera una de las primeras consecuencias de esta medida ha sido aumentar la brecha digital, para las clases más populares puede marcar el límite entre tener o no acceso a Internet. Para los ugandeses que se encuentran por debajo de los ingresos medios anuales, el impuesto aumenta su esfuerzo para tener Internet en un 10%, mientras que para los que más cobran, apenas supone un 1%. Para entender ese esfuerzo, desde la entrada en vigor de la tasa a las redes sociales, un paquete de datos de 1GB obliga al grupo de ugandeses con ingresos más bajos a dedicar el 40% de lo que cobran en un mes, como explican desde CIPESA, una organización ugandesa de defensa de los derechos digitales.
Uno de los encuestados lo expresa de la manera más sencilla: "Me fijo en la situación de mi madre en el pueblo y es evidente que esta tasa no es justa, ni equitativa. Al final del día, si he pagado la tasa para tener acceso durante todo el mes, pago 6000 chelines; un diputado, en su posición, también paga 6000 chelines; pero es que incluso mi abuela en el pueblo también paga 6000 chelines. Sin embargo, el nivel de vida no es el mismo". Otro participante reflejaba una consecuencia directa: “A veces no puedo contactar con mi madre en el pueblo porque no puede permitirse Internet. Y eso es muy frustrante”.
Desde el punto de vista económico, Un disparo en la oscuridad refleja también los testimonios de los pequeños emprendedores que usan el entorno digital en sus incipientes negocios y se han visto sacudidos por esta tasa. "Para un negocio que se basa en la conexión, en el que tienes que comunicarte utilizando las redes sociales, a veces la tasa a las OTT expira sin que seas consciente hasta qué comento está en vigor (porque tiene una validez de 24h). Eso significa que puedes haber recibido un mensaje en un momento en el que tu tasa ya no está en vigor sin que te hayas dado cuenta y te lo pierdes. Y, por lo tanto, pierdes esa oportunidad de negocio”, señalaba uno de los encuestado.
La tasa, sin embargo, ha tenido un efecto dominó que las autoridades no habían previsto. Más allá del impacto sobre los usuarios de Internet; más allá de las consecuencias en las vidas cotidianas de la ciudadanía; más allá, incluso del desfase en la previsión de recaudación por la tasa. Menos usuarios son menos clientes para los operadores de redes móviles, menos clientes suponen menos de volumen de negocio y menos volumen de negocio significa menos impuestos pagados por estas empresas, como advierte un estudio de RIS.
Finalmente, Neema Iyer alerta sobre cómo esta medida puede comprometer el futuro del país. “El impuesto puede ser prohibitivo para los jóvenes y los futuros empresarios. Es urgente determinar si vale la pena renunciar a un sector de innovación dinámico a cambio de los ingresos recaudados por la tasa sobre los medios sociales. Teniendo en cuenta que la mayoría de los países se esfuerzan por desarrollar tecnologías de vanguardia y poner en marcha nuevas empresas, es probable que los impuestos que afectan desproporcionadamente a los jóvenes repercutan en el crecimiento económico y la competitividad de Uganda en el entorno global en este ámbito en un futuro próximo”.
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